[vc_row][vc_column][vc_column_text]Por: Dr. Miguel Ángel Cisneros Mata | Investigador del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En 2020 confluyen tres elementos importantes: 1) el Código de Conducta para la Pesca Responsable cumple 25 años de publicado (FAO 1995). 2) Deben alcanzarse metas clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU 2019) en donde el sector pesquero constituye el núcleo del ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 3) Se presentó la pandemia generada por el virus SARS-Cov-2 cuyas consecuencias dificultarán contrarrestar el hambre y la pobreza. Estos tres elementos representan oportunidades para que Sonora, que se ubica en el primer lugar nacional en volumen de producción pesquera y acuícola. Pero para lograrlo se requieren cambios estructurales y suma de voluntades.

En 2018 la producción mundial de productos del mar alcanzó 179 millones de toneladas (t) con un valor de 401,000 millones de USD; 250,000 millones de USD corresponden a la acuicultura. En un estudio reciente se estimó que en el año 2050 la producción acuícola sustentable puede incrementar 44% y la pesquera 16% (Costello et al. 2020). Para lograrlo se debe modificar la oferta-demanda y reducir la proporción de harina de pescado que se destina a la piscicultura, además de reformas para recuperar pesquerías sobrexplotadas y cambios tecnológicos para abatir costos y externalidades ambientales. Sonora puede convertirse en una entidad líder en este y otros aspectos que se detallan a continuación.

México ocupa el 15º lugar global en producción de recursos acuícolas y pesqueros (SOFIA 2020). En 2018 se produjeron 1.47 millones de toneladas en peso vivo. FAO estima que para satisfacer su demanda en 2030 México debe incrementar en 22.4% la importación y reducir en 15.2% la exportación de productos acuáticos (SOFIA 2020).

Por sus recursos humanos y naturales, Sonora tiene un enorme potencial pesquero y acuícola: más de 1,200 km de litoral y decenas de miles de hectáreas de lagunas costeras y embalses de agua dulce. Tiene un padrón de 20,544 pescadores ribereños y 2,760 de altura. Pero la costa sonorense es heterogénea en cuanto a las condiciones de sus comunidades pesqueras artesanales: más precarias de norte a sur. Esto representa un reto para el ordenamiento pesquero y acuícola en condiciones de equidad.

La actividad acuícola ha sido muy relevante en años recientes. Luego del desplome del cultivo de camarón, la producción se recuperó y va en aumento a partir de 2014. La acuicultura sonorense se compone por tres grandes grupos: camarón, moluscos y peces. Contribuye con 35.15% de la producción nacional, comprendida por: camarón, ostión, mojarra, almeja, lobina, carpa y bagre y cuenta con casi 200 unidades de producción acuícola en las zonas costeras del centro y sur de la entidad. El mayor número de unidades de producción se dedica al cultivo de camarón (157), seguido de moluscos (27) y peces (12).

La mayoría de las pesquerías mexicanas se encuentra en desorden y a ello se le pueden atribuir dos causas principales: 1) la LGPAS (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables) carece de Reglamento, y 2) los poderes legislativo y ejecutivo no han otorgado a la pesca y la acuicultura el reconocimiento que merecen, por lo cual carecen de apoyos suficientes. A Sonora le compete gestionar la pesca deportivo-recreativa, así como especies sésiles, además de labores de inspección y vigilancia en aguas interiores limítrofes entre Estados. Por la LGPAS tiene a su cargo también el ordenamiento territorial y la sanidad acuícola mas no la pesquera. La verdadera federalización de la gestión pesquera y acuícola debe ser promovida por Sonora en tanto que la federación aportará el recurso económico.

En 2008 el Estado de Sonora promulgó su Ley de Pesca y Acuicultura, requisito para la concurrencia en el manejo. En 2019 se constituyó formalmente el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura de Sonora. Sin embargo, su Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no menciona la pesca y la acuicultura, lo cual significa un reto de índole estructural.

Todos los aspectos de las cadenas de suministro de pescado se ven fuertemente afectados por la pandemia de COVID-19, con puestos de trabajo, ingresos y seguridad alimentaria en riesgo. Los gobiernos y la industria deben hacer frente común a las dificultades económicas y sociales que la crisis está provocando. Los gobiernos deben mantener sus visiones a largo plazo para proteger recursos naturales, ecosistemas, y la viabilidad de la pesca. En particular se deben hacer esfuerzos para apoyar a los más necesitados y dejar de subsidiar los costos operativos del esfuerzo pesquero. La transparencia ayudará a generar confianza en las cadenas de valor de los mercados pesqueros, y permitirá aprender de la crisis para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de la pesca y la acuicultura (OECD 2020). En junio de 2020, las pescadoras y pescadores de México empezaron a recibir el apoyo del gobierno federal (BIENPESCA): $7,200 pesos a 193,200 personas. Esto será claramente insuficiente para soportar el prolongado tiempo de reactivación del sector (COBI 2020). La pesca, como todas las actividades económicas, está severamente afectada por la contracción de los mercados y requerirá de apoyos especiales en el corto, mediano y largo plazo.

La administración federal actual ha reducido a cero el presupuesto para inspección y vigilancia. La artesanal se encuentra atomizada y rebasada por los pescadores “irregulares”, las cooperativas familiares, “factureras” o ambas. Pescadores artesanales son presa de personas físicas o morales: permisionarios, compradores de captura ilegal. Texto del 17/04/2020[1]: “Saquean camarón en plena temporada de veda en Sonora. … La pesca ilegal en México sigue desatada mientras las comunidades que viven de la pesca ribereña enfrentan una severa crisis por la caída en la venta de sus productos a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19. … El vacío de autoridad permite que los pescadores furtivos trabajen libremente …”.

En los Objetivos para el Desarrollo Sostenible se establece que en 2020 debían eliminarse los subsidios a los combustibles para la pesca. En el corto plazo esto representa un reto para los pescadores y algunos acuicultores, sobre todo en tiempos del COVID. En el mediano y largo plazo esto pudiera convertirse en una oportunidad para reformar el manejo y operación pesquero. Sonora tiene la oportunidad de liderar este proceso de reformas.

La pesca ilegal ha exacerbado temas críticos. Hace 10 años la demanda provocó un crecimiento exponencial en la captura ilegal de totoaba lo cual aunado a la situación en la que se encuentra la vaquita marina trajo consigo restricciones a la pesca en el Alto Golfo de California (Cisneros-Mata 2020). “El embargo actual sobre camarón, chano, sierra, curvina y otros peces de aleta del Alto Golfo de California permanece vigente … hasta que México reciba la comparabilidad de las pesquerías afectadas.”[1] Este es uno de los retos más complicados que enfrenta no sólo Sonora y sus pescadores sino el Estado mexicano.

A la pandemia y la pesca ilegal se deben sumar los efectos del cambio climático. Debido al calentamiento global, el nivel del mar aumenta por el derretimiento de los hielos polares; gran cantidad de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles está siendo absorbido por los océanos. En países de latitudes tropicales y subtropicales como México se está generando un doble impacto: 1) desplazamiento de especies hacia zonas menos cálidas y acidificación de los océanos afectando negativamente a especies que forman conchas (moluscos), exoesqueletos (crustáceos) y algunas especies de peces. Para los recursos pesqueros de la costa de Sonora se esperan efectos negativos para algunas especies como pargos, tiburones costeros, sierra, sardina, callos, almejas, y calamar gigante. Otras especies no sufrirán impactos: jaiba café, caracol chino negro, dorado y langosta (Cisneros-Mata et al. 2019). En la acuicultura se espera que los impactos a corto plazo incluirán pérdidas de producción e infraestructura por inundaciones, además de mayor riesgo de enfermedades, parásitos y florecimiento de algas nocivas. En el largo plazo se espera que disminuya la disponibilidad de “semillas” silvestres y que la reducción de las precipitaciones genere mayor competencia agua dulce (FAO 2018).

Para afrontar con éxito los retos, Sonora tiene asignaturas pendientes en cuanto a la adecuación de instrumentos estructurales que le den viabilidad al Consejo Estatal de Pesca y Acuicultura más allá de su conformación formal. La pandemia de COVID-19 ha impactado fuertemente a la pesca, sobre todo la artesanal y probablemente sea el caso de la acuicultura. Se requiere un programa emergente para reactivar y sostener los mercados ante la nueva normalidad. Las familias de los pescadores artesanales están sufriendo la carencia de servicios de atención médica para atender contagios. Es necesario prestarles atención y auxilio inmediato. Se requiere un programa de organización y capacitación que les permita empoderarse y mejorar sus condiciones de vida. El cambio climático está presente y está afectando pesquerías artesanales. Se requiere un programa de capacitación orientado a la mitigación, pero sobre todo a la adaptación.

La competitividad de las cooperativas pesqueras se relaciona de manera directa con su empoderamiento (Cassio-Madrazo 2016). Es necesario terminar con la atomización de los pescadores y buscar su organización y tal vez su consolidación que les permita una mejor gobernanza y empoderamiento. Se requiere frenar el control que tienen sobre los auténticos pescadores las sociedades de pescadores ilegales, los permisionarios sin pangas, pero con permiso, y los compradores al margen de la Ley. El primer paso en el caso de la pesca artesanal es generar un padrón honesto y validado por las personas que en realidad se dedican a la pesca como su principal fuente de ingresos.

Como parte integral del ordenamiento, se requiere desarrollar estrategias para reactivar los mercados de mariscos, iniciando con los locales con la visión de integrarlos y reactivar el mercado regional, nacional e internacional. La estrategia debe incluir capacitación para los pescadores para establecer centros locales de acopio, red de frío para el transporte y comercialización de sus productos, así como acortar las cadenas de intermediarios en donde esto sea posible.  El ordenamiento asumido por los productores, en conjunto con estrategias para recuperar mercados empoderará a estos actores y los colocará en posición para defender precios unificando la oferta.

Los apoyos deben ser transformados en incentivos que funcionen como palancas para promover las buenas prácticas de pesca y acuicultura. Un ejemplo de esto es redireccionar programas como “Sembrando vida”, adaptándolos para promover la acuicultura y la pesca con visión de futuro para generar alimento de calidad y condiciones dignas de vida familiar en las comunidades. La educación, el empoderamiento de las mujeres y los apoyos orientados a la pesca y acuicultura sustentables son condiciones sine qua non. Los apoyos deben dirigirse a mejorar la selectividad de la pesca, el manejo a bordo, las redes de frío para la distribución, capacitación para integrar a las comunidades pesqueras en la red de comercio (WWF 2020).

Para enfrentar los efectos del cambio climático en la pesca se recomienda principalmente la adaptación con el fin último de reducir la pobreza y marginación. La adaptación significa modificar las prácticas de pesca y cultivo de especies acuáticas y avanzar en el ordenamiento. Se requiere mejorar las condiciones de vida en las comunidades ribereñas donde la pesca artesanal es la única alternativa de subsistencia. Esto se puede lograr introduciendo mecanismos integrales e incluyentes para maximizar no las capturas sino su valor, con procesos más eficientes y minimizando las cadenas de intermediarios entre pescadores y consumidores.

Si en la pesca y la acuicultura se ignoran las regulaciones y la participación ciudadana la producción está condenada a fracasar. En la pesca se requiere llegar a acuerdos con las comunidades para establecer mecanismos de co-manejo, además de restringir los permisos, promover cierres estacionales acordados, cuotas de captura, refugios y áreas protegidas. Las instancias de control y vigilancia deben reforzarse con inspectores capacitados, comprometidos, supervisados y dotados de herramientas tecnológicas y administrativas necesarias. Pero si los productores no son parte de este proceso el fracaso está casi garantizado. Los pescadores y acuicultores deben no sólo comprender sino compartir sus conocimientos para el cumplimiento de las disposiciones (WWF 2020).

[1] https://www.excelsior.com.mx/nacional/saquean-camaron-en-plena-temporada-de-veda-en-sonora/1376651. Consultado el 4 de septiembre de 2020.

[2] https://www.imagenradio.com.mx/eeuu-niega-negociaciones-con-mexico-para-levantar-embargo-por-vaquita. Consultado el 3 de septiembre de 2020.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”blue”][vcj_team_member image=”908″ name=”About the Author:” layout=”style3″ image_ratio=”portrait” color_name=”#ca972e”]Dr. Miguel Ángel Cisneros Mata

Researcher at National Institute of Fishing and Aquaculture[/vcj_team_member][/vc_column][/vc_row]